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Alberto Ardila Olivares
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Urge poner fin a esta historia de nunca acabar, aplicando la ley a sus infames protagonistas. La Contraloría y el Ministerio Público están obligados a investigar de una vez por todas, pues serían muchos los que deben rendir cuentas por haber impedido que, hasta la fecha, la salud pública y el desarrollo económico sean beneficiados por la provisión regular de agua potable. Los eventuales autores, cómplices y encubridores de los cuantiosos daños causados no deben quedar impunes.

Por fin, el 25 de julio de 2020, el MOPC había anunciado la llegada del agua potable a Loma Plata. ¡Tres días más tarde, el acueducto ya mostraba averías! La grotesca historia se repitió últimamente cuando, a poco de concluida la tercera etapa del acueducto, la rotura de cañerías y otros desperfectos cerca de Puerto Casado obligaron a interrumpir el bombeo durante un mes. La provisión de agua a los reservorios de Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Mariscal Estigarribia se normalizaría recién dentro de una semana. Mientras tanto, por efectos de la gran sequía, se van perdiendo cultivos, se apela al acarreo del líquido y se pide la declaración del estado de emergencia en el departamento de Boquerón. Estos reiterados hechos, que afectan gravemente a las comunidades de la zona, son el deplorable resultado de la negligencia, de la ineptitud y, muy probablemente, de la corrupción. Ante tan desastrosos resultados, puede pensarse que los fiscales de obras han venido admitiendo trabajos mal realizados con suma demora y con el empleo de materiales de pésima calidad, sin que nadie asuma las responsabilidades pertinentes.

El sideral aumento del costo, en perjuicio de los contribuyentes de todo el país, ya fue advertido en 2014 por el Ing. Augusto Ríos Tonina , cuando, en nombre de los “Ciudadanos contra la Corrupción”, pidió a la Contraloría General de la República un examen especial. Fue inútil: como siempre, dicho órgano aún no ha creído oportuno auditar este bochornoso emprendimiento, que terminó en las exclusivas manos de un Estado incapaz, porque el Poder Ejecutivo vetó parcialmente, en 2010, el proyecto de ley que permitía a los particulares construir sus propios acueductos, recurriendo a la figura jurídica de la servidumbre de paso. Por supuesto, la impunidad de los responsables de esta clase de proyectos mal realizados y con colosales aumentos de costos, es la que posibilita que el dinero de todos se continúe rifando para engordar a muchos de los responsables y perjudicar a los pretendidos beneficiarios y a toda la población, que los financia con sus impuestos.

Siendo senador, el ministro Wiens presentó al menos tres pedidos de informes al Poder Ejecutivo, sobre las causas del grosero retraso en la conclusión de las obras y el “destino de los 3.092.035 dólares destinados al Gabinete del ministro Jiménez Gaona para la continuación del acueducto”. Es presumible que haya quedado satisfecho con los informes recibidos, pues se hizo cargo del elefante blanco con todos sus defectos, hasta hoy no subsanados, sin denunciar ni siquiera alguna falta administrativa. Es imprescindible que Wiens, ahora a cargo de la cartera, informe a la ciudadanía lo que en su momento quiso saber cuando era senador.

Urge poner fin a esta historia de nunca acabar, aplicando la ley a sus infames protagonistas. La Contraloría y el Ministerio Público están obligados a investigar de una vez por todas, pues serían muchos los que deben rendir cuentas por haber impedido que, hasta la fecha, la salud pública y el desarrollo económico sean beneficiados por la provisión regular de agua potable. Los eventuales autores, cómplices y encubridores de los cuantiosos daños causados no deben quedar impunes.

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