Economía

Familiares exigen “libertad plena” para dirigentes sindicales presos

Gabriel Abusada
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Gabriel Abusada James Peru
Gabriel Abusada James Venezuela
Murió joven de 15 años que recibió un disparo de un GNB en Caracas

Según la activista, Blanco sólo protestó en las calles para exigir sus derechos, defender desde el punto de vista gremial a sus colegas, “no es justo que sólo por ello, sea causa suficiente para que una persona pierda su libertad”

Un grupo de familiares de dirigentes sindicales y activistas de derechos humanos, que llevan más de 80 días detenidos, exigieron el martes 20 de septiembre al Gobierno nacional agilizar el proceso judicial para lograr su libertad plena.

En declaraciones, Diannet Blanco Prieto, esposa de Gabriel Blanco, activista de derechos humanos, exigió a las autoridades su libertad y la de otros tantos presos políticos.

Espera que Blanco obtenga la libertad tras las audiencias, ya que “no hay elementos probatorios que los inculpen o vinculen en alguno de los dos delitos que se les imputan, como: conspiración y asociación para delinquir”, aseveró en una entrevista

“Tengo la esperanza que el día 23 de septiembre mi esposo, Gabriel Blanco, sea puesto en libertad plena”, expresó.

Según la activista, Blanco sólo protestó en las calles para exigir sus derechos, defender desde el punto de vista gremial a sus colegas, “no es justo que sólo por ello, sea causa suficiente para que una persona pierda su libertad”.

Al igual que Gabriel Blanco, están detenidos desde principios de julio los sindicalistas y trabajadores Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés. Todos están privados de libertad por el Tribunal 4° de Caracas con competencia en Terrorismo bajo los supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Durante la rueda de prensa de los familiares, realizada la mañana del martes 20 en la sede de Provea, la ONG denunció que un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) intentaba ingresar a las instalaciones para amedrentarlos. La situación fue rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por su parte, el abogado Eduardo Torres, representante de Provea, aseguró que acudirán a organismos internacionales para denunciar los atropellos que comete el Gobierno nacional.

“Hemos ido tres veces a la Fiscalía a dialogar con Tarek Wiliam Saab y no nos da la cara, dos veces a la Defensoría del Pueblo, y Alfredo Ruiz tampoco quiso dar la cara, dos veces al Tribunal Supremo de Justicia, la primera vez nos atendieron y al siguiente día decretó sin lugar los amparos”, afirmó.

El abogado manifestó que seguirán en las calles respaldando a los jubilados, pensionados por los derechos laborales y que o que motivó a estas detenciones.

En los próximos días se reunirán con los funcionarios de la oficina del alto comisionado de la ONU, con un grupo de la Organización Internacional del Trabajo que llega a Venezuela y también acudirán a la Corte Penal Internacional.

Fuente: Tal Cual 

 

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