Marlon Paz continúa la ardua tarea de buscar a su hijo Isaac Sebastián, de ocho años, y a su esposa Kinger Zuleyka Correa, de 45 años, desaparecidos desde los devastadores terremotos que golpearon La Guaira el 24 de junio. Más de cuatro meses después de la tragedia, los equipos de rescate conocidos como "topos" siguen trabajando entre los escombros de las Residencias Caribe en Caraballeda, en un operativo que enfrenta enormes dificultades logísticas y de seguridad.

Durante una entrevista con la periodista Angélica Lugo, Paz describió la situación como "muy dura", enfatizando que cada día se hace más complicado conseguir suministros para mantener a los rescatistas en el terreno. Aunque los equipos han recuperado algunas pertenencias del apartamento, aún no han localizado a sus familiares. La acumulación de concreto y escombros ha dificultado la identificación precisa del lugar donde estaba ubicada su vivienda, mientras que el deterioro estructural representa un peligro constante que obliga a extremar las precauciones durante las excavaciones.

La rutina diaria de Paz es agotadora: viaja constantemente desde Caracas hasta La Guaira para acompañar las labores de rescate, mientras también atiende a su padre de avanzada edad en la capital. El padre denunció la carencia de recursos esenciales como agua, electrolitos y alimentos para los rescatistas, quienes a menudo comen solo una o dos veces al día según las donaciones disponibles. Ante esta situación crítica, Paz solicitó colaboración y facilitó un número telefónico para coordinar aportes: 0414-1412813.

La incertidumbre y el sufrimiento no son exclusivos de esta familia. Según cifras mencionadas durante la entrevista, al menos 62 niños permanecen desaparecidos en La Guaira como consecuencia de los terremotos. La situación refleja una crisis humanitaria que persiste meses después de la catástrofe natural, con familias enfrentando la falta de respuestas y una asistencia limitada para las operaciones de búsqueda.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el viernes que revisará la legalidad de la política de la administración Trump que niega categóricamente las solicitudes de asilo de personas que cruzan la frontera sur. Esta decisión representa otro examen importante de la agenda migratoria del presidente, quien ha implementado medidas restrictivas sin precedentes en su segundo mandato.

Desde el primer día de su retorno a la Casa Blanca, Trump efectivamente cerró la capacidad de personas que temen tortura y persecución para solicitar protección de asilo en la frontera y permanecer en Estados Unidos. Mediante una proclamación, el presidente invocó lo que denominó "el derecho inherente y deber del poder ejecutivo de defender nuestra soberanía nacional", argumentando que existe una "invasión" en la frontera sur. Aunque grupos de derechos migratorios impugnaron inmediatamente la proclamación y los tribunales inferiores la declararon ilegal, la política ha permanecido en vigor bajo órdenes judiciales temporales.

Este término de la Corte Suprema, que comenzó en octubre y concluirá el próximo verano, se perfila como dominado por las agresivas políticas migratorias de Trump. En diciembre, la corte revisará los esfuerzos de la administración para deportar inmigrantes a países terceros donde no tienen vínculos, incluyendo naciones que han enfrentado acusaciones de abuso de derechos humanos. El próximo año, la corte considerará la política de detención indefinida de inmigrantes que cruzaron ilegalmente hace años.

Una pregunta central en el caso de asilo es si el presidente puede anular la ley de inmigración establecida por el Congreso. D. John Sauer, el fiscal general de Estados Unidos, argumentó ante los magistrados que su intervención era "urgentemente justificada", en parte porque la política es la "principal herramienta" de Trump para detener "una crisis sin precedentes de entrada ilegal incontrolada". El resultado de este litigio podría definir los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.

Fuente: NYT — Ver nota original

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró la aprobación unánime del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un nuevo marco de cooperación con el país. Según la mandataria, este acuerdo marca una nueva etapa de relacionamiento internacional, asistencia técnica y apoyo directo a los sectores público y privado venezolanos, representando un hito importante en las relaciones diplomáticas.

Rodríguez enfatizó que esta aprobación responde a una diplomacia enfocada en logros concretos para los venezolanos, priorizando especialmente la recuperación económica y la mejora de los servicios públicos. La dirigente destacó que el nuevo marco abre oportunidades significativas para fortalecer instituciones y programas en beneficio de toda la población.

El directorio del BID aprobó un documento de trabajo que constituye la primera hoja de ruta formal del organismo para la reanudación de sus operaciones en Venezuela. Aunque se trata de un instrumento transitorio diseñado para orientar las futuras operaciones, es importante notar que no implica préstamos inmediatos ni resuelve los atrasos en pagos pendientes del país con la institución.

Este documento establece las prioridades estratégicas del Banco pero requiere la elaboración posterior de una estrategia integral más completa. El acuerdo representa un paso fundamental para normalizar la relación entre Venezuela y el BID, permitiendo que la institución financiera internacional retome gradualmente su labor de apoyo al desarrollo económico y social del país.

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

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Un hombre fue condenado por amenazar de muerte al senador estadounidense Marco Rubio, en un caso que ha generado debate sobre posibles consecuencias legales similares para otras figuras políticas internacionales. La condena representa un precedente importante respecto a los delitos de amenaza e intimidación contra funcionarios públicos en Estados Unidos.

Diosdado Cabello, destacada figura política venezolana, ha sido mencionado en contexto de este caso debido a sus antecedentes de hacer acusaciones contra Rubio. En el pasado, Cabello ha señalado a Rubio de "delincuente" y argumentó que Venezuela poseía "elementos para solicitar un código rojo" en su contra cuando Rubio desempeñaba funciones como senador.

Esta comparación plantea interrogantes sobre si líderes políticos de otras naciones podrían enfrentar consecuencias legales similares en jurisdicciones internacionales por amenazas o acusaciones contra funcionarios estadounidenses. El caso evidencia cómo las autoridades norteamericanas procesan penalmente los delitos de intimidación contra sus representantes públicos.

La condena establece un precedente que podría influir en cómo se tratan casos de amenazas transnacionales y conflictos diplomáticos que involucren intimidación a figuras políticas. La situación refleja las tensiones geopolíticas permanentes entre Venezuela y Estados Unidos, particularmente en torno a personajes como Rubio.

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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La 27.ª edición de los premios Latin Grammy, celebrada el jueves en Las Vegas, consagró a la cantante española Rosalía como la máxima triunfadora de la noche al alzarse con seis galardones. Con este triunfo, Rosalía se inscribió en la historia de la industria musical como la primera mujer en obtener en tres ocasiones el codiciado reconocimiento a Álbum del Año, esta vez por su disco Lux. La ceremonia reconoció lo mejor de la música latina en una gala marcada por los triunfos de la artista catalana y un homenaje especial al salsero Willie Colón.

La artista acumuló reconocimientos en categorías destacadas como álbum del año, canción del año y mejor canción pop con 'La Perla'. Además, obtuvo premios por mejor álbum alternativo, mejor video musical en formato corto por 'Sauvignon Blanc', y un galardón a la ingeniería de grabación. Tras recibir sus estatuillas, Rosalía expresó: "Sé que tengo mucho que aprender y sé que todavía probablemente no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor".

Otros artistas también destacaron en la ceremonia. El argentino Milo J se posicionó como el segundo más premiado con cuatro gramófonos dorados, mientras que Jorge Drexler sumó tres estatuillas y Ca7riel & Paco Amoroso también consiguieron tres premios. La colombiana Karol G recibió reconocimientos por mejor álbum de música urbana con Tropicoqueta e interpretación de reguetón por 'Verano Rosa' junto a Feid, mientras que Aria Vega se impuso como artista revelación.

La ceremonia destacó por sus espectaculares actuaciones en vivo. Rosalía abrió la gala interpretando canciones de su álbum en una escenografía celestial con nubes y bailarines. Daddy Yankee, reconocido como Persona del Año, protagonizó uno de los momentos centrales de la noche al repasar sus éxitos históricos y estrenar una colaboración junto a Bad Gyal, consolidando su legado en la música latina.

Fuente: NTN24 Ent — Ver nota original

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El partido opositor Primero Justicia denunció este viernes la falta de rendición de cuentas del régimen de Delcy Rodríguez respecto al destino de 15.603 millones de dólares en ingresos petroleros. Después de que el chavismo actualizara su plataforma Transparencia Soberana, atribuyó 14.710 millones al pago de salarios y pensiones, sin presentar documentación suficiente para verificar estas operaciones. La organización política cuestionó que, pese a los millonarios recursos declarados, la plataforma no permita identificar con claridad las inversiones realizadas en el país, afirmando que "ni un solo dólar fue invertido al país".

De acuerdo con las cifras divulgadas por la administración chavista, los ingresos acumulados entre enero y noviembre alcanzaron 15.603 millones de dólares, mientras que los egresos ascendieron a 14.860 millones. De estos últimos, 14.710 millones fueron clasificados como pagos a trabajadores públicos y pensionados, y 150,5 millones como gastos de funcionamiento. El saldo disponible se situó en aproximadamente 743 millones de dólares. Sin embargo, Primero Justicia cuestionó la ausencia de soportes verificables para los desembolsos, identificando 45 movimientos consolidados sin facturas, órdenes de pago ni referencias bancarias que permitan comprobar individualmente las transacciones.

La controversia adquiere mayor relevancia con el informe elaborado por KPMG y difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que documentó la administración de más de 12.260 millones de dólares procedentes de recursos naturales venezolanos entre enero y septiembre. Según ese reporte, la mayor parte del dinero desembolsado se canalizó mediante operaciones cambiarias realizadas a través de mecanismos financieros venezolanos. Primero Justicia señaló esa discrepancia y sostuvo que los recursos dirigidos al sector bancario para contribuir a la estabilidad cambiaria no aparecen debidamente explicados en las cuentas presentadas por el chavismo.

Una revisión adicional del portal identificó partidas denominadas "Política Cambiaria" y "compra de billetes USD" dentro de los registros clasificados como salarios, lo que plantea dudas sobre los criterios utilizados para agrupar esos gastos. Ante estas inconsistencias, Primero Justicia exigió al régimen "rendición de cuentas, publicar los soportes verificables de cada operación y explicar el destino real de los ingresos petroleros". La denuncia refuerza los cuestionamientos sobre la transparencia fiscal en la administración de los recursos naturales venezolanos.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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En medio de un contexto de hostigamiento contra los opositores políticos venezolanos, se ha iniciado en Caracas el cuarto ciclo de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y del gobierno de Nicolás Maduro. Este nuevo proceso de negociación ocurre simultáneamente con presiones contra figuras clave de la oposición, como lo evidencia el caso del asesor jurídico de María Corina Machado, Perkins Rocha, quien enfrenta acoso continuo.

La iniciativa de diálogo plantea interrogantes sobre su viabilidad y efectividad cuando persisten las restricciones y persecuciones contra líderes opositores. Expertos en política internacional cuestionan la coherencia de abrir espacios de negociación mientras simultáneamente se mantienen campañas de intimidación contra activistas y asesores de la oposición venezolana.

Esta cuarta ronda de conversaciones representa un nuevo intento por encontrar soluciones al conflicto político que ha dividido al país durante años. Sin embargo, analistas político-estratégicos advierten que los avances en estos espacios de diálogo resultan limitados si no hay cambios sustanciales en el tratamiento de los derechos políticos y la seguridad de los opositores.

La comunidad internacional y los observadores políticos mantienen expectativas moderadas sobre los resultados de estas negociaciones, considerando el patrón histórico de ciclos de diálogo previos y las condiciones actuales de represión política que caracterizan al país caribeño.

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol confirmó que mantiene negociaciones avanzadas con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para adquirir gas natural durante un período de 10 años a precios significativamente inferiores a los del mercado actual. Esta operación forma parte de la estrategia del gobierno colombiano para enfrentar el déficit energético que enfrenta el país y expandir sus oportunidades comerciales en territorio venezolano. El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez Caballero, reveló durante la presentación de resultados financieros que las conversaciones contemplan condiciones económicas especialmente favorables, con un precio descrito como "muy competitivo" y "muy por debajo" de las cotizaciones que actualmente enfrenta Colombia.

La viabilidad de este acuerdo depende de la reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, infraestructura que conecta la región del lago de Maracaibo en Venezuela con La Guajira colombiana y que lleva más de una década fuera de servicio. Como parte de los preparativos, Ecopetrol solicitará a PDVSA el derecho a operar los 88 kilómetros del conducto ubicados en territorio colombiano. Esta reactivación permitiría reanudar el intercambio energético entre ambas naciones después de muchos años de paralización.

Sin embargo, el proyecto enfrenta una condición determinante: obtener las autorizaciones de las autoridades estadounidenses debido a las sanciones vigentes sobre PDVSA. Ecopetrol ya presentó la solicitud de licencia ante Washington y el presidente ejecutivo confirmó que la compañía no realizará operaciones fuera del marco legal establecido, enfatizando que "no daremos un solo paso fuera de ese marco". Esta medida busca garantizar la legitimidad internacional de las operaciones.

La iniciativa recibió respaldo oficial cuando las autoridades colombianas declararon de interés nacional y estratégico la recuperación del gasoducto el pasado 4 de noviembre. La instalación tiene capacidad para transportar hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, aunque Ecopetrol planea comenzar con aproximadamente 50 millones diarios, equivalente al 5 por ciento del consumo nacional. Colombia enfrenta una crisis de abastecimiento crítica: en septiembre de 2026 importó el 37,1 por ciento de su demanda de gas, la mayor participación registrada en la historia, mientras que la producción nacional disminuyó 12,9 por ciento en los primeros nueve meses del año.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó por unanimidad un documento de trabajo para Venezuela, constituyendo la primera hoja de ruta formal del organismo para la reanudación de sus operaciones en el país tras suspender la concesión de nuevos préstamos en mayo de 2018. Este documento establece las prioridades del banco, pero no constituye un préstamo en sí mismo ni resuelve los atrasos en los pagos de Venezuela. Se trata de un instrumento transitorio, más breve que la estrategia país convencional del BID, diseñado para orientar las operaciones hasta que sea posible elaborar una estrategia integral más completa.

El documento de trabajo prioriza la reactivación de los motores de crecimiento económico, haciendo hincapié en la rehabilitación del sector eléctrico, la mejora de los servicios sociales para grupos vulnerables —incluyendo protección social y seguridad alimentaria— y el apoyo a la reconstrucción tras los devastadores terremotos ocurridos en junio. Esta estrategia refleja las necesidades inmediatas del país y busca sentar las bases para una recuperación sostenible de la economía venezolana.

Al 30 de septiembre, Venezuela adeudaba al BID 2300 millones de dólares en concepto de capital e intereses vencidos. Las normas del banco prohíben otorgar nuevos préstamos hasta que se salden estos atrasos. En octubre, se reportó que Venezuela estaba considerando un préstamo puente de Catar para cancelar los montos adeudados, buscando resolver esta barrera que ha impedido el acceso a financiamiento del organismo multilateral.

En septiembre, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, buscaba apoyo para una propuesta de préstamo de 2500 millones de dólares destinada a Venezuela, aunque enfrentó resistencia de algunos miembros de la junta directiva. Recientemente, los legisladores venezolanos aprobaron una reforma a la ley eléctrica del país, abriendo el sector energético a la inversión privada tras casi dos décadas de control estatal, lo que representa un cambio significativo en la política económica venezolana.

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original