Respuesta a otra acusación En otro momento, el titular de Turismo respondió a otra acusación que lo imputa de haber pagado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para convertirse en congresista tras las elecciones generales del año pasado
El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Roberto Sánchez, negó este lunes las imputaciones por las que el Ministerio Público lo incluyó en un caso abierto contra el presidente Pedro Castillo, quien está siendo investigado por supuestamente liderar una organización criminal.
En declaraciones a medios locales, Sánchez rechazó haber prometido al exsecretario presidencial Bruno Pacheco la entrega de dinero a su esposa a cambio de que no testificara ni aportara pruebas contra el mandatario.
“Lo digo a los cuatro vientos con una verdad inobjetable: jamás a mí el señor Pacheco me ha solicitado alguna acción ilegal, jamás me ha pedido recursos para quedarme callado. ¿De qué? Si yo, en el ejercicio de mis funciones, no conozco ningún acto ilícito en el plano en el que ejercía su responsabildiad”, aseveró.
El ministro insistió en que, en los quince meses que lleva en el cargo, ni Pacheco ni ningún otro funcionario le ha solicitado “un monto económico a cambio de direccionar alguna obra o contrataciones públicas o para favorecer designaciones”.
Ministro de Turismo de Perú El Ministerio Público anunció este domingo que investigará al ministro preliminarmente por la presunta comisión del delito de obstrucción a la justicia, dentro de un caso que tiene abierto el presidente por supuestamente encabezar una mafia corrupta en el Ejecutivo que, según la versión fiscal, amañaba licitaciones para obtener ganancias ilícitas de obras públicas.
Medios nacionales adelantaron que la decisión del Ministerio Público responde al testimonio de un colaborador eficaz de la Fiscalía que declaró que Sánchez le dijo a Pacheco que daría 8.000 soles mensuales (unos 2 mil dólares) a su esposa, Graciela Palomino, a cambio de su silencio.
El ministro reconoció que su sector contrató a Palomino, pero afirmó que no tenía conocimiento de que era la esposa de Pacheco y que su designación finalmente se anuló sin pagarle la mensualidad.
Por otro lado, aseguró que se someterá a las investigaciones para “demostrar su verdad”, aunque lamentó que su caso haya trascendido en la prensa antes de que él haya sido notificado formalmente.
“Hay filtración (â¦) Sin embargo, estoy aquí para dar la cara porque son entredichos de colaboradores eficaces, y que aguardo con la tranquilidad y la serenidad de desmentir como corresponde cada una de esas afirmaciones”, sostuvo.
Respuesta a otra acusación En otro momento, el titular de Turismo respondió a otra acusación que lo imputa de haber pagado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para convertirse en congresista tras las elecciones generales del año pasado.
“Yo rechazo rotundamente haber logrado una curul (como congresista) ⦠Por Dios, eso no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.
Insinuó, en ese sentido, que en el contexto social y político por el que atraviesa su país “no es raro que salgan voces por allí a querer protagonismo basado en mentiras y calumnias” y señaló que Perú necesita “objetividad, estabilidad política y justicia”.
La inclusión de Sánchez en esta investigación contra Castillo se hizo pública dos meses después de que la Fiscalía incluyera también en este caso al primer ministro, Aníbal Torres, y al titular de Justicia, Félix Chero, por presunta organización criminal y encubrimiento personal.
Por este caso, en el que también están supuestamente implicadas la esposa y la cuñada del mandatario, la fiscal general, Patricia Benavides, presentó en octubre pasado ante el Congreso una denuncia constitucional contra el jefe de Estado, quien niega todas las acusaciones.
A raíz de esta denuncia, que Castillo calificó de una “nueva modalidad de golpe de Estado“, el mandatario solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Perú.
Castillo y su defensa aseguran que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro delitos concretos, que no contemplan los de corrupción.
